Pese a la represión contra manifestantes, sindicatos y organizaciones sociales de Panamá mantuvieron este viernes movilizaciones y cortes de ruta en diversas zonas en demanda de que el Gobierno de José Raúl Mulino derogue la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social.

La huelga indefinida contra la impopular normativa entró en su jornada 23. La iniciaron sindicatos de docentes el 23 de abril y cinco jornadas después la respaldaron el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana).

LEA TAMBIÉN:

Panamá: Organizaciones sociales continúan 22 días consecutivos de huelga indefinida

En Veraguas y Bocas del Toro, provincias del oeste, grupos de indígenas mantienen bloqueos en la Vía Interamericana. A la protesta se han sumado docentes, estudiantes y padres de familia. Se reportan choques con fuerzas antimotines que intentan despejar la carretera.

Hasta el martes pasado, se reportaban más de 480 cierres de vías y al menos 196 personas aprehendidas en todo el país.

La persecución del Gobierno contra líderes de las protestas no cesa. Este viernes, una jueza declaró como válida la aprehensión del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, quien encabezaba protestas en la provincia de Chiriquí (oeste). Fue detenido el miércoles y llevado a una audiencia por presunto delito contra el orden económico.

El martes, fueron arrestados otros dirigentes del Suntracs: Erasmo Cerrud, Irving Pinzon y Facundo Paz. Las detenciones han ocurrido en un contexto marcado por amenazas del presidente José Raúl Mulino y su negativa a dialogar con sectores populares sobre la Ley 462 y otras demandas.

Al respecto, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de la Construcción (Flemacon) denunció este viernes «la brutal arremetida del Gobierno de Mulino contra el Suntracs».

Flemacon destacó que Suntracs se mantenga firme «en su lucha por la soberanía nacional y la seguridad social», y exigió «la inmediata liberación de los trabajadores detenidos ilegalmente y el cese de las causas judiciales que buscan amedrentar y criminalizar la lucha sindical».

Este viernes, el secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEV), Luis Arturo Sánchez, denunció una acción de hostigamiento de la Policía para amedrentarlo y acusó al subcomisionado Noel Armando Haynes de lo que pueda ocurrirle a él o su familia. La AEV adelantó que llevará una demanda a tribunales por atropellos policiales contra la ciudadanía y abuso de autoridad.

Debido a las protestas, se informa de una significativa paralización de labores en la industria bananera en la zona oeste del país. Funcionarios reconocieron que la trasnacional Chiquita Panamá tuvo que cerrar varias fincas y suma pérdidas de más de 10 millones de dólares.

Demandas de los manifestantes

Los manifestantes sostienen que no pondrán fin a la huelga hasta el Ejecutivo derogue la Ley 462 por considerarla lesiva a los derechos de los trabajadores, pues degrada el sistema de pensiones y ofrece jubilaciones de hambre.

Reclaman que el Gobierno no reactive la minería metálica a cielo abierto y no reabra la mina de cobre de Donoso (provincia de Colón, centro), que desató masivas protestas y fue cerrada por fallo de la Corte Suprema.

Por otra parte, repudian el memorando de entendimiento suscrito con EE.UU. -que entre otras cuestiones ofrece al territorio nacional como sede de bases militares-, gesto entreguista y que ocurrió en medio de una secuencia de ataques de la Casa Blanca contra la soberanía del país centroamericano.

No menos importante es el reclamo de que el Gobierno no satanice a los manifestantes. Este jueves, la cacica de la comarca Ngäbe Buglé, Elena Cruz Guerra, acusó Gobierno de Panamá de criminalizar la protesta y reiteró su respaldo total a la derogatoria de la Ley 462.

EN ESTA NOTA: